El pasado sábado 2 de febrero, cerca del mediodía, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén aprobó por mayoría una declaración sobre la toma del predio de Gatica al 2000. Algunos de los considerandos de la declaración, aprobada por catorce votos contra tres, establecían: “1) Rechazar la metodología de ocupación compulsiva de terrenos públicos y privados como forma de presión para obtener solución a una necesidad individual generando una clara situación de desigualdad frente a ciudadanos que ante la misma problemática están inscriptos en los registros públicos correspondientes. 2) Exhortar a todos los poderes del estado y organizaciones sociales a buscar una solución perentoria a esta problemática que aqueja a la ciudad de Neuquén de manera casi sistemática”.
Dicha sesión fue impulsada por los sectores autoconvocados de los barrios Río Grande
, Don Bosco y Limay que están en contra de la ocupación que llevan adelante familias sin techo. Desde las 10.30, este grupo se concentró en las puertas del Concejo pudiendo ingresar y sentarse cómodamente en la sala, sin objeción policial. Por su parte, el grupo de vecinos y vecinas sin techo tuvo que esperar afuera algunos minutos y luego, sólo 10 de ellos pudieron entrar al recinto. Los vecinos que consiguieron ingresar tuvieron que hacer frente a numerosos carteles provocativos que decían frases como: "Si faltan viviendas no tomen mi casa" o “Usurpar no es un derecho, es un delito. No sea cómplice”.
La sesión estuvo plagada de cruces entre concejales de los diferentes bloques, quienes estaban más preocupados por desligarse de sus responsabilidades, que en tratar de encontrar una solución al conflicto habitacional. La primera ovación de quienes habían solicitado la sesión se la llevó Darío Martínez, por el PJ, quien dijo "no podemos defender o sostener la usurpación de tierras" e instó a la justicia en particular a que se expida porque "es la justicia la que lo tiene que resolver". Desde las bancadas del U.N.E. y Libres de Sur, los concejales Cassini y Mercedes Lamarca, respectivamente, hicieron un pedido al gobierno provincial para que declare la emergencia habitacional.
Para finalizar la sesión extraordinaria, se pasó a votación y se aprobó la declaración del bloque mayoritario. La jornada concluyó a la expectativa de lo que resolvería la justicia luego de emitida esta declaración.
A pesar de que la justicia no existió durante los 10 años en que los gobiernos no garantizaron viviendas a la población, rápidamente apareció para brindar la ayuda que la “clase gobernante” necesitaba. Así, a primera hora de la mañana de ayer, el Juzgado Nº 5 ordenó el cerramiento del predio para controlar e impedir el ingreso de nuevas familias y de materiales para la construcción de casas. En definitiva, como dijo el director de Seguridad de la Provincia de Neuquén, Daniel Mellado: “tenemos un mayor contralor de la gente que está en la toma ahora”. Para ello, a los vecinos sin techo les exigen identificarse cuando ingresan o salen del predio, como en los peores tiempos de la dictadura.
De la misma manera actuaron cuando cinco adolescentes salieron a comprar. La policía que está cercándole lugar les pidió identificación y como los chicos, entre los que se encontraba un menor, se negaron a dársela los detuvieron. Además, golpearon al menor y los hicieron deambular de comisaría en comisaría por más de una hora. Los organismos de Derechos Humanos intentaron hacer la denuncia en la fiscalía de turno, pero no les quisieron tomar la acusación.
Dicha sesión fue impulsada por los sectores autoconvocados de los barrios Río Grande
, Don Bosco y Limay que están en contra de la ocupación que llevan adelante familias sin techo. Desde las 10.30, este grupo se concentró en las puertas del Concejo pudiendo ingresar y sentarse cómodamente en la sala, sin objeción policial. Por su parte, el grupo de vecinos y vecinas sin techo tuvo que esperar afuera algunos minutos y luego, sólo 10 de ellos pudieron entrar al recinto. Los vecinos que consiguieron ingresar tuvieron que hacer frente a numerosos carteles provocativos que decían frases como: "Si faltan viviendas no tomen mi casa" o “Usurpar no es un derecho, es un delito. No sea cómplice”.La sesión estuvo plagada de cruces entre concejales de los diferentes bloques, quienes estaban más preocupados por desligarse de sus responsabilidades, que en tratar de encontrar una solución al conflicto habitacional. La primera ovación de quienes habían solicitado la sesión se la llevó Darío Martínez, por el PJ, quien dijo "no podemos defender o sostener la usurpación de tierras" e instó a la justicia en particular a que se expida porque "es la justicia la que lo tiene que resolver". Desde las bancadas del U.N.E. y Libres de Sur, los concejales Cassini y Mercedes Lamarca, respectivamente, hicieron un pedido al gobierno provincial para que declare la emergencia habitacional.
Para finalizar la sesión extraordinaria, se pasó a votación y se aprobó la declaración del bloque mayoritario. La jornada concluyó a la expectativa de lo que resolvería la justicia luego de emitida esta declaración.
A pesar de que la justicia no existió durante los 10 años en que los gobiernos no garantizaron viviendas a la población, rápidamente apareció para brindar la ayuda que la “clase gobernante” necesitaba. Así, a primera hora de la mañana de ayer, el Juzgado Nº 5 ordenó el cerramiento del predio para controlar e impedir el ingreso de nuevas familias y de materiales para la construcción de casas. En definitiva, como dijo el director de Seguridad de la Provincia de Neuquén, Daniel Mellado: “tenemos un mayor contralor de la gente que está en la toma ahora”. Para ello, a los vecinos sin techo les exigen identificarse cuando ingresan o salen del predio, como en los peores tiempos de la dictadura.
De la misma manera actuaron cuando cinco adolescentes salieron a comprar. La policía que está cercándole lugar les pidió identificación y como los chicos, entre los que se encontraba un menor, se negaron a dársela los detuvieron. Además, golpearon al menor y los hicieron deambular de comisaría en comisaría por más de una hora. Los organismos de Derechos Humanos intentaron hacer la denuncia en la fiscalía de turno, pero no les quisieron tomar la acusación.
Finalmente, en horas del mediodía de hoy, el subsecretario de Viviendas, Carlos Di Camillo, el secretario de gobierno municipal, Mariano Mansilla, y el intendente, Martín Farizano, junto con representantes del gobierno provincial, se reunieron con los vecinos para ofrecerles una solución. Esta propuesta distó de ser la esperada por quienes están ocupando las tierras, ya que el ofrecimiento era incorporarlos a la Cooperativa liderada por Jorge Salas. En dicho caso, les otorgarían 56 lotes en las 127 hectáreas, pero en un plazo no inferior a los 60 días. Esto no responde a la inmediata necesidad de las familias, por lo cual una de las vecinas declaró: “no hace falta una cooperativa. Aceptaremos los terrenos, pero durante los 60 días esos nos tienen que dar un pedazo de tierra en las 127 o nos quedaremos en el predio de Gatica”.
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