Reproducimos comunicado
Ante la sanción de la Ley de Trata, la Comisión No a la Trata del Alto Valle de Río Negro y Neuquén dice:
Para combatir seriamente la trata de personas se necesita voluntad política.
En principio, si la ley hubiese sido ciertamente pensada para prevenir y combatir la trata, las/los diputadas/os (y senadores/as) deberían haberla elaborado con quienes hace años trabajan e investigan exhaustivamente para acabar con las redes de trata y recuperar a las víctimas. Desde que este proyecto tuvo media sanción, en diciembre de 2006, las organizaciones contra la trata hicieron públicas sus críticas. Hubo tiempo de sobra para trabajar el proyecto, para que resultara más completo y acabado, o para considerar otro como el de Stella Maris Córdoba (de Tucumán) que incorpora de mejor manera los estudios desarrollados por las organizaciones sociales, no gubernamentales y feministas.
Una ley que busca prevenir y proteger a las víctimas no puede tener penas de 3 a 6 años. Eso es una burla. Eso es amparar a los tratantes. La trata de personas viola los derechos humanos elementales y agrupa todas las violaciones en un sólo delito: es secuestro, es servidumbre, es esclavitud, es extracción y venta de órganos, es proxenetismo, es violación, es prostitución infantil, es trabajo esclavo, es privación ilegítima de la libertad, es desaparición. Aplicar penas mínimas y excarcelables mediante fianzas irrisorias es impunidad.
Para el sistema punitivo de la justicia argentina, un objeto material tiene más valor que una persona. Por robo se pueden recibir penas desde 3 años hasta reclusión perpetua en casos agravados, no siendo éstos excarcelables. Un caso de trata tiene como pena máxima 25 años con todos los agravantes imaginables, y es siempre excarcelable. Es decir, para el sistema punitivo un simple objeto vale más que Fernanda Aguirre, Marita Verón, Otoño Uriarte o Florencia Pennacchi, para mencionar sólo algunos casos de trata.
Trata es trata. Diferenciar a las víctimas entre mayores y menores de edad, como lo propone la ley, es legitimar la trata. Detrás de una supuesta protección especial para las personas menores de edad, se esconde la revictimización, la desprotección y el abandono de las mayores. Por lo mismo, estas víctimas no están en condiciones de probar el nivel de torturas y amenazas al que fueron sometidas. En un país en el que por año se hacen 500 denuncias de mujeres desaparecidas para ser prostituidas, ¿es necesario probar que las víctimas son víctimas, que medió el engaño, la violencia, el abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad? ¿Qué persona puede “consentir” su propia esclavitud sino fuere por alguno de estos medios?
La ley de trata es una nueva avanzada contra los sectores sociales más vulnerables. Esto también lo saben quienes se suponen representantes del pueblo, de sus intereses, de sus derechos. Saben que los sectores potencialmente víctimas de la trata son aquellos que no tienen posibilidad de acceso a educación y a trabajo, que son los primeros en caer en el engaño de estas redes que ahora cuentan con la impunidad que les otorgó la justicia.
Podemos sospechar que detrás de esta ley está la intención de reglamentar la prostitución como trabajo. Argumento falso que se utilizó ya en varios países para -supuestamente- disminuir la trata de mujeres. Sin ir más lejos, en la provincia de Santa Cruz existe una ordenanza por la cual se reglamentó la prostitución. Así, el barrio “las casitas”, de Río Gallegos, es el destino más frecuente de mujeres esclavas de las redes de prostitución, es zona legalizada y por lo tanto liberada para tratantes, proxenetas y dueños de prostíbulos, que incrementan sus negocios a costa de la explotación, nunca voluntaria, de los cuerpos de las mujeres. La institucionalización de la prostitución favorece la explotación, legitima el sistema patriarcal, en el que las mujeres somos objetos de uso y consumo; excluye a las mujeres del mercado laboral y desresponsabiliza al Estado de su obligación de generar empleos dignos para las mujeres en situación de prostitución.
Para combatir seriamente la trata de personas se necesita voluntad política.
En principio, si la ley hubiese sido ciertamente pensada para prevenir y combatir la trata, las/los diputadas/os (y senadores/as) deberían haberla elaborado con quienes hace años trabajan e investigan exhaustivamente para acabar con las redes de trata y recuperar a las víctimas. Desde que este proyecto tuvo media sanción, en diciembre de 2006, las organizaciones contra la trata hicieron públicas sus críticas. Hubo tiempo de sobra para trabajar el proyecto, para que resultara más completo y acabado, o para considerar otro como el de Stella Maris Córdoba (de Tucumán) que incorpora de mejor manera los estudios desarrollados por las organizaciones sociales, no gubernamentales y feministas.
Una ley que busca prevenir y proteger a las víctimas no puede tener penas de 3 a 6 años. Eso es una burla. Eso es amparar a los tratantes. La trata de personas viola los derechos humanos elementales y agrupa todas las violaciones en un sólo delito: es secuestro, es servidumbre, es esclavitud, es extracción y venta de órganos, es proxenetismo, es violación, es prostitución infantil, es trabajo esclavo, es privación ilegítima de la libertad, es desaparición. Aplicar penas mínimas y excarcelables mediante fianzas irrisorias es impunidad.
Para el sistema punitivo de la justicia argentina, un objeto material tiene más valor que una persona. Por robo se pueden recibir penas desde 3 años hasta reclusión perpetua en casos agravados, no siendo éstos excarcelables. Un caso de trata tiene como pena máxima 25 años con todos los agravantes imaginables, y es siempre excarcelable. Es decir, para el sistema punitivo un simple objeto vale más que Fernanda Aguirre, Marita Verón, Otoño Uriarte o Florencia Pennacchi, para mencionar sólo algunos casos de trata.
Trata es trata. Diferenciar a las víctimas entre mayores y menores de edad, como lo propone la ley, es legitimar la trata. Detrás de una supuesta protección especial para las personas menores de edad, se esconde la revictimización, la desprotección y el abandono de las mayores. Por lo mismo, estas víctimas no están en condiciones de probar el nivel de torturas y amenazas al que fueron sometidas. En un país en el que por año se hacen 500 denuncias de mujeres desaparecidas para ser prostituidas, ¿es necesario probar que las víctimas son víctimas, que medió el engaño, la violencia, el abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad? ¿Qué persona puede “consentir” su propia esclavitud sino fuere por alguno de estos medios?
La ley de trata es una nueva avanzada contra los sectores sociales más vulnerables. Esto también lo saben quienes se suponen representantes del pueblo, de sus intereses, de sus derechos. Saben que los sectores potencialmente víctimas de la trata son aquellos que no tienen posibilidad de acceso a educación y a trabajo, que son los primeros en caer en el engaño de estas redes que ahora cuentan con la impunidad que les otorgó la justicia.
Podemos sospechar que detrás de esta ley está la intención de reglamentar la prostitución como trabajo. Argumento falso que se utilizó ya en varios países para -supuestamente- disminuir la trata de mujeres. Sin ir más lejos, en la provincia de Santa Cruz existe una ordenanza por la cual se reglamentó la prostitución. Así, el barrio “las casitas”, de Río Gallegos, es el destino más frecuente de mujeres esclavas de las redes de prostitución, es zona legalizada y por lo tanto liberada para tratantes, proxenetas y dueños de prostíbulos, que incrementan sus negocios a costa de la explotación, nunca voluntaria, de los cuerpos de las mujeres. La institucionalización de la prostitución favorece la explotación, legitima el sistema patriarcal, en el que las mujeres somos objetos de uso y consumo; excluye a las mujeres del mercado laboral y desresponsabiliza al Estado de su obligación de generar empleos dignos para las mujeres en situación de prostitución.
Detrás del doble discurso, de la falsa defensa de los derechos humanos, se encarnan las peores políticas de impunidad que amparan a los criminales más salvajes.
Comisión NO a la Trata del Alto Valle de Río Negro y Neuquén
Sin Cautivas
Colectiva Feminista “la Revuelta”
Contactos:
Silvina Bergmann (0299) 154 603370
Ruth Zurbrigen (0299) 154 282357
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