La Comunidad Paichil Antreao fue desalojada de su territorio en Villa La Angostura por la presión ejercida por el empresario de nacionalidad estadounidense, Fisher.
Éste no es el primer intento de desalojo que sufre esta comunidad. Durante el 2007, hubo otros intentos en los que resultó herida de bala una persona. La paradoja fue que la noche anterior al nuevo desalojo existía un clima de acuerdo entre las partes, sin embrago a las 9 horas de hoy se presentó en el lugar el empresario, su abogado y un grupo de contratados por el empresario y comenzaron a desarmar las casas de la comunidad Paichil Antreau. Ante este hecho, la Policia Provincial formó un cordón de efectivos para “preservar” el territorio sin permitir el ingreso de los integrantes de la comunidad al espacio.
El secretario de gobierno de la municipalidad de Villa La Angostura se había acercado el día anterior, alrededor de las 20 horas, para charlar con la comunidad y rearmar la mesa de negociación en la que tenían participación el Estado provincial, el municipio, el empresario y la comunidad Paichil Antreao. La Confederación de Organizacion (COM) mantuvo dialogo con el ministro Tobares cerca del mediodía de hoy. Este funcionario se comunicó con el empresaio estadounidense para pedirle que cese su accionar, lo cual ocurrió recién pasado el mediodía.
En diálogo con Verónica Huilipan, werken de la COM, comentó a OyR la terrible situación que padecen las comunidades mapuches de la provincia y la ausencia de politicas públicas en cuanto a el reconocimiento de derechos adquiridos mediante las constituciones nacional y provincial y mediante distintas leyes nacionales.
Huilipan cuestiona la falta de interés del gobierno provincial por llevar adelante un proceso de discusión política acerca del un modelo de desarrollo intercultural para la provincia de Neuquén. La prueba más grande de esta carencia son los desalojos que se están produciendo, en los que queda en evidencia la dedición del Estado de ignorar los derechos de la comunidad mapuche.
Un antecedente importante, sumado al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Neuquén, es la Ley nacional de emergencia territorial de las comunidades indígenas. "Es una ley que se construyó a través de varios años, con la participación del movimiento indígena nacional y se sancionó en Noviembre de 2006. Detiene los desalojos por cuatro años de todos los territorios comunitarios y ordena al instituto nacional de asuntos indígenas -en coordinación con el consejo de participación indígena, que es el órgano de participación del movimiento indígena en el ámbito institucional- un relevamiento técnico-jurídico catastral de todas las comunidades indígenas del país". Huilipan caracterizó esta ley como histórica, porque fue aprobada con un presupuesto de implementación, a diferencia de otras leyes que se convierten solo en declaraciones.
Con respecto a este tema, la werken manifestó que tendría que haberse implementado en Enero del 2007, sin embargo no está en vigencia por que todavía existe una discusión acerca del presupuesto. Desde el gobierno nacional admiten que el presupuesto se ha "extraviado" y que se ha deteniendo el proceso de implementación. Incluso llegaron a decir que la ley no se llevaría adelante por la falta de presupuesto.
Huilipan hizo hincapié en la importancia de la implementación de esta ley ya que " hay un elemento central que es el centro de la existencia cultural indígena. ¿Que hacemos sin territorio?"
Foto de Alejandra Bartoliche (Indimedia)
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